"La revolución es, en primer lugar, una ruptura. Quien no acepta esta ruptura con el orden establecido, con la sociedad capitalista, no puede ser un afiliado al Partido Socialista"
François Mitterrand. 1971
Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.
Bueno, bueno, el tabú se ha roto y lo que hace un año sonaba a locuras infantiles de un grupo de descerebrados de izquierda radical ahora ha tomado cuerpo. El debate está allí. Para los dogmáticos el euro significa lo mismo que Europa. Otros creen que el euro es lo contrario a lo que debería ser Europa. Ya pasó con el Tratado de la UE y con otros acuerdos. Hoy la crisis está sacando a la luz los tremendos errores de ese modelo de construcción europea, modelo que fue refrendado sin fisuras por el PP-PSOE, PNV, CiU, CC... además de la CEOE y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
Hoy podemos escuchar de otra forma a los críticos del euro como Pedro Montes:
En más de una ocasión hemos opinado en el blog sobre la justicia y las leyes en España. También hemos reflexionado sobre el uso y abuso de los tribunales como elemento represivo por parte del Estado en contra de las libertades fundamentales. La historia reciente de España está jalonada de ejemplos que provocan sonrojo y vergüenza a aquellos que pensamos que las cosas deberían funcionar de otra forma.
Urdangarín, la Infanta, Bárcenas, el caso Gurtell, Garzón... chocan con la teoría de una justicia ciega que no se fija en el autor y tan sólo se centra en el delito. Además contrasta con otros sucesos que han saltado a las páginas informativas de cómo actúan jueces y fiscales ante los ciudadanos comunes.
Hoy toca hacernos eco de otra barbaridad, lean la noticia y vean el vídeo y juzguen si la acción merece 5 años de prisión:
La fiscal hará este viernes la petición formal en la Audiencia Nacional por un delito de "atentado grave a la autoridad". También se solicitan 2.700 euros de multa
La Fiscalía solicita cinco años de prisión y multa de 2.700 euros para los cuatro acusados de lanzar tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto en Toulouse (Francia) en 2011.Email
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Facebook euros para los cuatro acusados de lanzar tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto en Toulouse (Francia) en 2011.
La Fiscalía solicita cinco años de prisión y multa de 2.700 euros para los cuatro acusados de lanzar tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto en Toulouse (Francia) en 2011.
Los imputados se enfrentan este viernes en la Audiencia Nacional a la petición del fiscal, que les achaca el delito de "atentado grave contra la autoridad".
Los imputados ya consideraron una "absoluta desproporción"que los hechos hayan sido calificados de "atentando grave a la autoridad" y que las peticiones de penas de cárcel oscilasen en un principio entre los 5 y los 10 años, dijeron en una rueda de prensa en Pamplona tras conocerse la primera petición .
Según recuerda la fiscal Blanca Rodríguez en sus conclusiones provisionales, los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2011 cuando Barcina participaba en el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), del que había sido nombrada presidenta por un periodo de dos años.
A las 16.30 horas, ocho personas "perfectamente coordinadas" se levantaron de sus asientos con sus correspondientes acreditaciones y se dirigieron al estrado en el que estaban las autoridades.
Uno de los acusados, el entonces teniente de alcalde de Arruazu (Navarra), Gorka Ovejero Gamboa, sacó de una carpeta "una tarta que portaba oculta, abalanzándose de forma sorpresiva y de manera enérgica" contra Barcina, "golpeándola de forma contundente en el rostro con dicha tarta".
Mientras "permanecía aturdida", los acusados Julio Martín Villanueva e Ibón García Garrido se acercaron por detrás a la presidenta, "que estaba privada de toda visión como consecuencia del impacto de la tarta en los ojos", y le "estamparon" en la cabeza las tartas que llevaban ocultas.
El cuarto acusado, Mikel Álvarez Forcada, irrumpió en la mesa de la ponencia, "apoyando a los procesados atacantes", indica el fiscal.
"Como consecuencia de los golpes recibidos", Barcina quedó "desorientada y aturdida, debiendo ser atendida y sacada del recinto por el personal de seguridad" y también "se produjeron daños en la ropa que vestía".
Los acusados, activistas del movimiento de desobediencia civil Mugitu que protesta contra la construcción Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi, conocido como Y Vasca, y contra el Corredor Navarro de Alta velocidad, insistieron en su momento en que "los tartazos no fueron más que una acción cómica de protesta, sin causar ningún daño físico, muy similar a las realizadas en muchos países y que no tiene apenas consecuencias legales", según un comunicado leído por Gorka Ovejero y Julio Villanueva, dos de los imputados, el pasado mes de marzo.
Las ocho personas que interrumpieron la sesión del CTP se reconocieron como integrantes de ese movimiento, pero sólo fueron identificados los cuatro acusados, que, según el fiscal, "actuaron de mutuo acuerdo, habiendo planificado detalladamente el hecho y el reparto de tareas, todo ello dentro del movimiento Mugito Aht Gelditzeko".
y gasto público y crisis. Sí, desde hace mucho tiempo tenemos la opinión generalizada de que en España lo que sobran son funcionarios, esos tipos malvados que cobran unos sueldazos por no trabajar nada, que viven de la teta del Estado y que son una causa sustancial de la crisis que tenemos.
Existe abundante literatura al respecto, la mayor parte de ella de los voceros del régimen. Sin embargo también hay autores serios, como Vicenç Navarro, que con datos y estudios serios y comparativos, llevan tiempo tratando de desmontar el mito y demostrando que a mayor implicación del Estado en la economía menos crisis, más nivel de vida y menos paro.
Estos días nos brindan datos oficiales. Desgraciadamente la prensa mayoritaria no se ha hecho eco de la noticia como es debido y debemos ofrecerles un artículo de La Voz de Galicia. Lo reproducimos íntegro:
España es el cuarto país de la UE con menos funcionarios respecto a su población
El plan del Gobierno para reformar la Administración Pública, que será presentado antes de finalizar junio, prevé simplificar la estructura administrativas, eliminar duplicidades, mancomunar servicios y reformar la administración institucional
JUAN ARJONA
12 de mayo de 2013 18:26
73 votos
«Han funcionado muy bien en tiempos de bonanza. Ahora se trata de hacer unas administraciones públicas que sepan dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis». Con esas palabras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, daba el pistoletazo de salida a la reforma de la Administración Pública.
Era el 7 de noviembre del 2012. Desde entonces, de los trabajos encomendados a la comisión que se constituyó aquel día, poco ha trascendido. Bien es cierto que, en su primera fase, que concluyó el pasado 30 de marzo, la comisión se proponía únicamente recopilar, analizar y tratar la información. El informe, ya con propuestas concretas y un calendario de implantación de las medidas, deberá estar listo antes del próximo 30 de junio.
¿Por dónde, presumiblemente, van los tiros? Fundamentalmente, de acuerdo con el programa nacional de reformas remitido a Bruselas, en cuatro direcciones: la simplificación administrativa, la supresión de duplicidades, la mejora en la gestión de servicios y medios comunes, y los retoques en la administración institucional.
Cuestión de tamaño
¿Está sobredimensionado el sector público español?¿Resulta excesivo el nivel de gasto público? ¿Sobran funcionarios? La respuesta a tales preguntas está condicionada por dos factores: la perspectiva del enfoque que se adopte en materia de política económica y la existencia de una crisis que ha provocado un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas. Los paladines del Estado mínimo apostarán, en todo lugar y en todo tiempo, por una drástica reducción del gasto. Los defensores del Estado del bienestar mantendrán la posición contraria. Pero incluso estos últimos deben responder a una segunda cuestión: admitiendo que el gasto público es relativamente bajo, en comparación con los países de nuestro entorno, ¿resulta sostenible y compatible con la brutal caída de los ingresos?
Veamos algunos datos. El gasto público en España alcanzó el año pasado el 47 % del PIB, casi tres puntos por debajo del promedio de la eurozona. Ese porcentaje, además de ser más bajo, está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda, como recordaba el economista Manuel Lago el pasado viernes.
En el envés, los ingresos públicos en España con respecto al PIB -presión fiscal- se reducen al 36,4 %. Casi diez puntos por debajo de la media de la eurozona. La diferencia con algunos países socios llega a ser escandalosa: 8,8 puntos menos que Alemania, 11,3 puntos menos que Italia o 15,3 puntos menos que Francia. Y no tanto porque las tarifas de los impuestos sean más reducidas, sino por la enorme bolsa de fraude incrustada en el subsuelo de la economía española.
Dos conclusiones se extraen de esos datos. Uno: la dimensión del sector público español es notablemente inferior a la que sostienen los países socios. Y dos: la reforma fiscal debería preceder, en el orden de prioridades, al recorte del gasto público y de la Administración.
Las estadísticas, cualquiera que sea la fuente utilizada -OCDE, OIT, Eurostat-, no avalan la impresión generalizada de que España es un país rebosante de funcionarios. Ni mucho menos. En el 2012 había 2,917 millones de empleados -aproximadamente dos millones de funcionarios y un millón de contratados laborales y eventuales- en el sector público, cifra equivalente al 12,7 % de la población activa. El promedio en el conjunto de los 34 países que integran la OCDE se eleva al 15 % de los activos.
Eurostat corrobora que la plantilla de las administraciones públicas españolas no está sobredimensionada. Según esa fuente, que no incluye al personal educativo, sanitario y de servicios sociales -lo incluye en otros epígrafes-, cifra en 1.298.300 los asalariados al servicio del sector público, lo que supone un 2,8 % de la población española y un 9,2 % del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena. Los datos concluyen que, en términos relativos, proliferan más los empleados públicos en Alemania -uno por cada 29 habitantes- o en Francia -uno por cada 27 habitantes- que en España, donde, sin contabilizar a profesores y médicos, la proporción es de uno por cada 36 habitantes.
Si en el cómputo incluimos a todo el personal dedicado al servicio público, España se convierte, después de Austria, Portugal e Italia, en el país con la Administración más austera de toda la Unión Europea: un empleado por cada 16 habitantes. En el extremo opuesto, reflejo del mayor desarrollo del Estado del bienestar, figuran tres países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Bien es cierto que, durante los últimos cinco años, mientras la crisis arrasaba millones de puestos de trabajo en el sector privado, el empleo público no ha disminuido en España, a diferencia de lo sucedido en otros países de la Unión Europea. Creció durante el primer trienio de crisis y descendió en los dos últimos años, hasta situarse en el 2012 en 2,9 millones de empleados, la misma cifra del 2007.
Mejora de la eficiencia
Uno de los objetivos confesos de la reforma consiste en mejorar la eficiencia de la Administración. A través de una doble vía. Primero, mediante la exigencia de mayor dedicación y esfuerzo por parte de los servidores públicos. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, «tenemos que hacer mucho más con mucho menos». Y en segundo lugar, mediante la modernización de la estructura administrativa, la eliminación de trabas burocráticas y la supresión de duplicidades.
¿Trabajan poco los funcionarios? Desde el decimonónico «vuelva usted mañana» de Larra hasta la imagen tópica del burócrata enfrascado en la quiniela y el cafelito, los empleados públicos han tenido que soportar diversos sambenitos. Tópicos a menudo injustificados que, probablemente, tienen su origen en un cierto desdén o desprecio de la función pública y en el predominio de teorías que ponen el acento en los fallos del sector público y corren un tupido velo sobre los clamorosos fallos del mercado.
Pero existe un problema añadido a la hora de evaluar la productividad del trabajador al servicio de las administraciones públicas: la vara de medir. Los baremos aplicables a una empresa mercantil no sirven para medir la eficiencia de la Administración. Y a falta de una unidad de medida incontrovertible, el tópico se impone.
Existe, no obstante, un amplio espacio para la mejora de la eficiencia y el ahorro de recursos. Desde la supresión de instituciones redundantes hasta la eliminación de duplicidades o triplicidades.
Duplicidades y redundancias
Por circunscribirnos al ámbito gallego, hay diputaciones provinciales que gestionan -o gestionanban hasta hace poco- un equipo de baloncesto profesional, varios hospitales, una productora y un centro de enseñanza audiovisual o una banda de gaitas. Es decir, con competencias o atribuciones en materias de sanidad, educación, deporte y cultura. En todas esas esferas algo tiene que decir la comunidad autónoma. Y también la Administración central, donde existe un Ministerio de Cultura vacío de contenido, más allá de la gestión de cuatro o cinco museos de carácter nacional, o un Ministerio de Vivienda cuya principal función consiste en financiar las competencias que pertenecen a la comunidad autónoma.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos, estrangulados financieramente, se quejan reiteradamente por tener que asumir lo que llaman «gastos impropios en la administración local». Alegan que, en este caso, no existen duplicidades: simplemente tienen que cubrir lagunas dejadas por las administraciones que supuestamente son las competentes en esas materias.
Basten esos ejemplos para resaltar la magnitud de solapamientos que, además de generar descoordinación y distorsionar el funcionamiento de los servicios, supone un notable dispendio de recursos. Hay competencias duplicadas, triplicadas o cuadriplicadas. Hay competencias ejercidas «impropiamente». Pero, a mayores, existen también instituciones redundantes o instituciones que incluso, al menos en su diseño actual, pueden ser suprimidas sin menoscabo del régimen democrático.
Y a todo ello debe dar respuesta la reforma de las administraciones públicas en marcha, bajo el principio de «una administración, una competencia».
La avalancha de encuestas que estos días hemos vivido en diversos medios de comunicación marcan un hecho incontestable: el aumento de la abstención parece imparable.
Esa abstención deriva de la falta de confianza de los votantes tradicionales al PPSOE que no encuentran otra forma de expresar su descontento nada más que con un voto nulo, blanco o sencillamente, quedándose en casa.
Naturalmente algunos votantes optan por cambiar el sentido de su voto buscando otras propuestas como IU o UPyD, pero son los menos.
La suma de estas dos circunstancias, un aumento de la abstención a los mayoritarios y un crecimiento menor de IU y UPyD hace que los porcentajes de votos tiendan a equilibrarse.
Como consecuencia de ello, entre algunos internautas ha prendido una mecha de esperanza. Sorpasso, hundimiento del bipartidismo... son algunas de las expresiones o palabras más leídas. ¿Realmente hay para tanto?
Desde el blog creemos que no, que no debe nadie pensar que España se acerca, ni por asomo, a lo ocurrido en Grecia.
La mayor parte del electorado del PSOE (izquierda sociológica) abandona al PSOE por no ser de izquierdas, o mejor, por no hacer políticas de izquierdas, y ese abandono, entre un electorado tradicionalmente más crítico que el de la derecha, se traduce en un notable aumento de la abstención, abstención que parece se consolida con el paso del tiempo. Además beben del discurso mayoritario del todos son iguales. (En eso son como el PP: ¿financiación ilegal? eso pasa en todo los partidos; ¿El PSOE miente? todos son iguales)
Presumimos desde el blog que la tendencia a la abstención por parte del electorado del PSOE se mantendrá pero igualmente creemos que el electorado del PP, frustrado e incluso cabreado con los suyos, es más fiel y llegado el momento acudirá a las urnas.
Podría darse la paradoja que en las próximas elecciones generales el PP revalidara su mayoría absoluta ya que su parroquia acudiría a votar mientras la del PSOE se quedase en casa.
Debemos comenzar a trasladar un debate a la sociedad: ¿la abstención es buena para cambiar las cosas? Una participación de un 50% daría legitimidad formal y legal a un gobierno popular y provocaría 4 años más de recortes de la la derecha ultra. Un trasvase de votos del PSOE a IU en vez de a la abstención impediría esa mayoría absoluta del PP y un serio aviso a los poderes reales de que no pueden conducirnos por este camino.
El PP está que se sale. Su idea de la democracia pasa por los tribunales, la sanción administrativa y la represión policial. En otras entradas hemos reflexionado sobre esto. La redacción del blog ha pensado aprovechar la mínima capacidad de difusión que tenemos para proponer un enlace a una página web que, cuando menos, oferta algunas posibles respuestas ciudadanas ante la limitación de los derechos básicos ciudadanos.
Si somos objeto de una intervención policial, -sobretodo ahora que es época de manifestaciones y turbulencias varias-, nos piden la documentación, y como resultado de dicha intervención nos extienden un acta manifestando que seremos multados por la "presunta" comisión de una infracción (que además debe estar tipificada), por ejemplo, es muy común que un agente a la mínima "se sienta ofendido" o se "altere" y nos levante un acta por los arts. 26h de la 1/92 por desobediencia o falta de respeto.
Muchas veces ocurre que no estamos de acuerdo con la "versión" o la "visión" del agente, y somos reticentes a firmar la entrega del acta, lo cual carece de sentido. Firmar no significa "aceptar la denuncia", significa "recibir la denuncia", lo cual no podemos evitar por mucho que nos neguemos a firmar; si hay dos agentes firmarán los dos en calidad de testigos.
OPCIÓN CORRECTA. Tras leernos los hechos que manifiesta el policía en el acta de denuncia, la opción correcta es firmar el recibo del acta, y poner entre comillas "no conforme" para hacer constar que los hechos -acabados de ocurrir- no se corresponden con los redactados por el policía. Las actas suelen tener un apartado de "observaciones o alegaciones", ahí podremosplasmar nuestra versión de los hechos "no estoy conforme porque lo que realmente ha ocurrido ha sido esto... el agente lo ha visto mal... etc".
Los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no son competentes para sancionar a nadie; el poli que quiera ser Juez, que empiece por estudiar Derecho y siga con las oposiciones a judicatura.
Su competencia se reduce a la mera denuncia de los hechos, -que es cierto que se reviste de presunción de certeza, pero siempre abierta al debate-.
Luego, corresponde al órgano administrativo sancionador decidir si inicia el correspondiente procedimiento sancionador -mediante propuesta de inicio-, o por lo contrario archiva la denuncia.
Seguir estas instrucciones es más importante de lo que pueda parecer, pues estamos sembrando una duda, -más o menos razonable-, al órgano sancionador competente para emitir la propuesta de inicio. Sea como sea, el momento en el cual tenemos más posibilidades de que la denuncia sea archivada es antes de la propuesta de inicio de expediente sancionador, es decir, se archivan bastantes denuncias de la policía, y mucho más aún cuando la falta de conocimientos jurídicos de muchos policías los llevan a motivar incorrectamente la denuncia.
Pero una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador -por el instructor-, nuestras probabilidades de salir ilesos se reducen a un irrisorio 10% (defectos procedimentales, transcursos de plazos, criterios de cuantía, y poco más). El expediente va a piñón fijo y nos veremos -en muchas ocasiones, con la vía administrativa agotada y obligados a llegar a un juicio contencioso administrativo.
La Administración Pública que nos sanciona, durante el procedimiento administrativo de la sanción, es parte interesada y a la vez juzgadora, por lo tanto, es difícil que si ha iniciado un expediente con ánimo de multarnos, cambie de criterio.
En la vía judicial las cosas marchan a otro ritmo.
Lo peor de agotar la vía administrativa, es que estamos obligados a abonar la cuantía de la sanción. Luego, si en la vía judicial nos dan la razón, nos devolverán el dinero.
En cualquier caso tenemos la opción de fraccionar o aplazar el pago de las sanciones, -más aún si carecemos de ingresos o recursos económicos-, para lo cual deberemos presentar el impreso que nos facilitará el propio órgano administrativo que nos ha impuesto la sanción.
Hay que reconocer que la derecha ha aprendido mucho, pero mucho. Ahora es la adalid de los valores democráticos frente a perroflautas y rojos antisistema, defensora de los principios fundamentales del régimen (constitucional, como gustan decir) y con unos planteamientos acordes a los nuevos tiempos.
Sí, para enfrentarse a los elementos subversivos (era como se llamaba a los demócratas en las dictaduras sudamericanas en los años 80, antes de que fuesen terroristas) ya no precisan de una acción constante y cotidiana de las fuerzas de la ley y del orden (los antiguos grises) y sus métodos expeditivos, ahora han descubierto que ante las protestas pacíficas de la población no venden las porras y gases lacrimógenos (aunque de vez en cuando es bueno usarlos para que no se oxiden), ahora prefieren nuevas herramientas represivas, más sutiles y de igual o superior efectividad: la sanción administrativa.
Sí, ahora los rojos, masones y anticlericales realizan un tipo de protesta no violenta que causa sorpresa e incluso un cierto malestar entre los fieles votantes de la caverna por lo que han decidido buscar nuevas soluciones.
La represión administrativa (que ya inició el PSOE) ha mejorado alcanzando grados de excelencia propia de un país moderno y civilizado de la Unión Europea. Podemos decir que estamos en la vanguardia del nuevo modelo policial-administrativo-judicial.
Un caso claro y palpable es el de Ángel Borruel, médico oscense que culminará este fin de semana una huelga de hambre de 30 días reivindicando un cambio de orientación en la política española.
Este médico, además de su huelga de hambre, y conjuntamente con otras personas, ha realizado otra serie de protestas (todas ellas de similar estilo, es decir, sin violencia, muy pacíficas)
Una de ellas consistió en una acción casi infantil, entregar un manifiesto a la Presidenta del Gobierno de Aragón. Ya en su momento avisamos que la respuesta del PP fue absolutamente desproporcionada pero ahora han cerrado el círculo, ahora han respondido con la represión administrativa: una multa por hablar.
Es una aviso, un aviso a navegantes. Si usted se porta mal le daremos donde más le duele, en su pecunio. No haremos de usted un mártir y de su causa un ejemplo a seguir, no. Evitaremos fotografías desafiantes de rostros ensangrentados consecuencia de la violencia policial, incluso concentraciones ciudadanas exigiendo la puesta en libertad de los detenidos en las puertas de las comisarías. En su lugar le sancionaremos con una multa, multa que usted deberá pagar ya que si la recurre ante la Justicia, como ya no es gratuita, le costará más dinero.
Esta chica es tremenda. A fuerza de titulares va a conseguir desplazar a los ministros del PP de las portadas de los periódicos. ¿Qué el aborto es como ETA?, nada, nada, mejor la Talegón "detrás del 15 M puede estar la derecha"
Pero no creemos que sea tan sólo una pose, creemos que lo dice con firmes convicciones, que está convencida. Es un poco como Federico y sus secuaces cuando hablan con la izquierda, que no entienden. Cuando la derecha de la caverna opina sobre los escarches o sobre las movilizaciones populares lo hace convencida que hay una conspiración por parte del PSOE contra el PP. No comprende que la ciudadanía cada día está más cabreada y ve a los representantes más significativos del sistema, al PP y al PSOE como dos caras de la misma moneda.
Esa incomprensión de la realidad le lleva a la derecha a realizar afirmaciones que suenan a otro mundo. A Beatriz Talegón (y lo que representa, porque hay muchos en las Juventudes del PSOE como ella) le pasa lo mismo. No entiende lo que está pasando en España y busca en su mundo una explicación plausible.
Talegón no entiende que la abucheen por las calles, no entiende que la gente esté más que harta, no entiende que cada día que pasa el grado de indignación sube un punto, no lo entiende porque está firmemente convencida que ella es guay y que todo ese movimiento popular responde a una conspiración.
En eso es como la derecha, ambos ven conspiraciones. Luego se quejan cuando se habla del PPSOE.
